Pensar y construir un sistema de administración de justicia y protección ciudadana pasa por comprender el modelo policial existente en cada país y cómo estos se relacionan con sus gobiernos y los pueblos.

Para nadie es un secreto que los esquemas de seguridad ciudadana han sido empleados por los gobiernos neoliberales para contener, reprimir y violentar la vida de los sectores sociales que se oponen a sus políticas gubernamentales.

En tal sentido, en buena parte del mundo, la policía responde más a las necesidades del esquema neoliberal de gobierno que al respeto a los derechos humanos establecidos desde las Naciones Unidas.

Con la necesidad de evaluar y propiciar debates respecto a estos temas, el Instituto de los Gobiernos Locales (IGLO) de la Universidad Abierta de Recoleta y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos de Venezuela (ISB) realizaron el jueves 1 de julio el foro internacional “Una nueva policía… ¿es posible? Experiencia de reforma policial en América Latina”.

El panel de expositores lo integraron: Jaqueline Muñiz, Cientista Social, maestra en Antropología Social y doctora en Ciencias Políticas de Brasil; Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador; y Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía y Director General de Derechos Humanos de Venezuela.

Durante la transmisión, Daniel Jaude, alcalde de la Recoleta, envió un saludo a los panelistas y recordó que Chile amerita la reforma del cuerpo de seguridad conocido como Carabineros, teniendo como eje “una intervención civil al más breve plazo. Estamos postulando la posibilidad de transitar desde un enfoque de seguridad ciudadana a uno de seguridad humana que aspire a construir una sociedad sin miedo, sin necesidad y sin incertidumbre; y que dentro de este modelo las policías jueguen un rol de poder asegurar los derechos esenciales de las personas y darles seguridad.”

En tanto, el presidente del ISB, Carlos Ron, expresó que la labor de este espacio permite “un intercambio académico necesario donde podamos compartir las experiencias de nuestros pueblos y de las gestiones de nuestros gobiernos populares, con el fin de encontrarnos, retroalimentarnos y fomentar los debates necesarios que requieren nuestras sociedades” para fortalecer la democracia. Ron precisó que “el debate sobre la reforma policial es un debate necesario en nuestra América Latina y en todas partes del mundo”.

La experiencia sobre los principales problemas que enfrentan las instituciones policiales de América Latina fue el punto de partida del debate.

En el caso de Brasil, Jaqueline Muñiz comentó que la gobernabilidad es el principal problema en el funcionamiento de los órganos de seguridad. “Hay demasiada autonomía y muy poco control del poder de la policía (…) es un poder coercitivo”.

Por ende, considera que el gobierno civil que tiene a una policía con mayor control del uso de la fuerzas sobre la sociedad impide el ejercicio del poder democrático. “Sin control de la acción policial está la constitución de autarquías sin tutelas que dan vida a gobiernos de milicias autónomas, de partidos policiales, que encarcelan a gobernantes en sus oficinas, chantajean a los parlamentarios, silencian a opositores políticos, orientan la justicia y amenazan a la sociedad”, denunció.

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, consideró que las reformas policiales son temas inherentes a la democracia y citó como ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos en 2020, tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de seguridad.

“Las policías son instituciones muy complejas. En Ecuador tienen más de 50 mil miembros, es un Estado dentro de otro Estado y no podemos hablar de un cuerpo homogéneo, son plurales, tienen distintas visiones; y tampoco son espejos sociales (…) son reacias al cambio, tienen una tendencia conservadora”, ejemplificó el experto en materia policial.

Pontón explicó que hay agenda reformistas, conservadoras y extremistas en cuanto a la reforma policial en América Latina y que sus principales problemas radican en el control externo y la democratización.

“Una policía no puede, bajo ningún punto de vista, plantearse el esquema que no responde a la sociedad civil (…) porque muchas de las reformas que se plantean al interior de las policías se los puede hacer en autoritarismo”.

Además, refirió que el tema de los derechos humanos se ve afectado por la herencia autoritaria de la doctrina militar que fueron impuestos producto de la Guerra Fría, el corporativismo que promueve el Estado dentro del Estado y la corrupción que roza los límites entre lo legal y lo ilegal.

Agregó que el tema educativo y formativo es fundamental porque “las policías son un cóctel reproductor de estigmas sociales, y hay que meter el debate de una reforma educativa sustancial” para poder avanzar en la reforma de estos órganos de seguridad.

Por su parte, Pablo Fernández -desde Venezuela- consideró que hay tres grandes desafíos, siendo el primero lo estructural, pues las policías arrastran un esquema dictatorial producto de los golpes vividos durante el siglo XX y la doctrina de seguridad nacional que se impulsó en la región.

“En democracia sigue siendo un problema el tema policial; en democracia seguimos encontrando autoridades políticas que desde el cálculo político intentan que los cuerpos de policías resuelvan ciertos problemas para que nos los afecte a ellos, pero se pierde la visual de la atención de los grandes problemas de la sociedad.”

Otro desafío es la construcción de la credibilidad pública, pues las policías en América Latina solo llegan a contar con 35 por ciento de confiabilidad y esto afecta considerablemente la imagen pública de los órganos de seguridad. “De cada diez latinoamericanos solo tres dicen confiar en su policía (…) Si no hay confianza no se construye el círculo virtuoso en el cual deben actuar las policías que es precisamente un relacionamiento con la sociedad” para la actuación contra los delitos, dijo Fernández.

Sobre la experiencia en Venezuela mencionó que aunque la reforma policial fue un gran desafío, se contó con la voluntad política promovida por el gobierno del comandante Hugo Chávez “que vino a romper ese patrón histórico con la doctrina de seguridad nacional, con los cuerpos represivos, con una visión autoritaria, militarizada de los policías (…) No es un trabajo culminado. Hablar de reforma policial creo que se queda corto, en término de que las reformas han terminado siendo muchas veces algo más cosmetológico, algo más de transformar la institucionalidad pero no animándose a tocar de fondo el tema estructural” ratificó.

El último elemento a atender tiene que ver con el carácter criminológico, pues la criminalidad está desbordada en la región y tiene que darse una adecuación dentro de las instituciones policiales para comprender las mutaciones de la criminalidad y los delitos internacionales.